La reagrupación familiar y la regularización de ilegales pueden duplicar el número de inmigrantes en España. Millones de iberoamericanos se acogerían a la nacionalización de hijos y nietos de emigranteshttp:/www.eldiauiomontanes.es
MANUEL M. CASCANTE/
Rafaela Altamirano y su nieto Fernando aguardan turno frente al consulado de España en Quito. Después de 12 meses de trámites, esta mañana recibirán el visado que les permita reunirse con Carmen, hija y madre de ambas. Carmen es enfermera, está casada con un venezolano y vive en Barcelona desde hace cinco años, el tiempo que lleva sin ver a su chaval de nueve. «Poco se conocen», dice la abuela, que tiene otros tres hijos trabajando en Madrid.
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Carlos Arcentales, también ecuatoriano, vive en L’Hospitalet desde hace cinco años, y ha aprovechado las vacaciones para llevarse consigo a su hija Maribel. Es pintor, gana unos 1.500 euros al mes, y es la quinta vez que hace cola frente al consulado.
Son algunos de los 600.000 ecuatorianos que residen en España, y que después de un año de residencia legal -además de disponer de un puesto de trabajo y de vivienda- pueden solicitar la reagrupación familiar para reencontrarse con sus cónyuges, hijos (incluidos los del marido o esposa fruto de matrimonios anteriores) y ascendientes cuando tengan dependencia económica.
Según datos oficiales, cerca de un cuarto de millón de parientes directos de inmigrantes han sido regularizados en los últimos tres años, un tercio de los 800.000 extranjeros no comunitarios que obtuvieron tarjeta de residencia en dicho periodo. El porcentaje se ha disparado desde que en 2005 se llevó a cabo la regularización masiva de inmigrantes «sin papeles» (más de 800.000 de los cerca de millón y medio en situación ilegal). Nuestros consulados en Quito, Lima o Bogotá atienden una avalancha de solicitudes de visado, sea por reagrupamiento familiar, sea por permiso de trabajo, sea por turismo. En el primer rubro, la oficina en Ecuador ha visto duplicadas las peticiones. Según fuentes diplomáticas, el número de ecuatorianos que actualmente residen en España puede aumentar a millón y medio en pocos años de mantenerse la actual progresión.
Desbordados
Sólo en Quito se reciben 160 citas diarias para solicitar la residencia, la mitad de ellas por reagrupación familiar. Una cuarta parte son desestimadas, pero «las delegaciones del Gobierno -donde comienza el papeleo- aprueban todas las solicitudes», se queja un funcionario. Además, la Constitución establece regímenes preferenciales para adquirir la doble nacionalidad con los países con los que se tiene una vinculación histórica, como los de Iberoamérica. En el caso de Ecuador, con dos años de residencia legal se obtiene ese derecho.
En La Paz los funcionarios también están desbordados desde que el pasado 1 de abril la UE impuso el visado a los bolivianos, la comunidad que más ha crecido relativamente (2000% desde 2001) en nuestro país. El consulado de España ha debido trasladarse a un edificio de oficinas ante el aluvión de peticiones de visado y los cientos de personas que tramitan la legalización de algún familiar residente en España. Se calcula que, frente a los 130.000 bolivianos legales que viven en España, otros 250.000 se encuentran de manera irregular. «Algo falla si los bolivianos, que se adaptan mejor que los inmigrantes de otras nacionalidades, no acceden a los papeles», reflexiona un diplomático.
En Perú, donde la emigración a España es más antigua y se dio de manera más escalonada, la situación no es muy distinta. También ha sido necesario construir una nueva oficina consular, lo cual no impide que en el patio del edificio se congreguen entre 800 y 1000 personas cada mañana, y el crecimiento es progresivo.
Esta emigración masiva está vaciando de trabajadores los lugares de origen. En Cochabamba (Bolivia) los empresarios de la construcción se quejan de que no encuentran albañiles. Y en Cuenca (Quito) la manufactura de sombreros panamá está condenada a desaparecer, ya que sólo quedan ancianos y niños y no hay una generación a la que transmitir está delicada técnica artesanal a base de paja toquilla, que sufre, además, las embestidas de la producción china. La ausencia de uno o de los dos progenitores, emigrantes, ha detonado otro problema en la juventud de los países andinos: la aparición de «maras» (pandillas juveniles), que luego son exportadas a España.
Hasta ahora, los marroquíes, que representan la mayor comunidad de inmigrantes en España (medio millón, oficialmente), son los más beneficiados por la reagrupación familiar. Sin embargo, sus cifras son constantes, frente al aumento en flecha entre las comunidades iberoamericanas. Aún así, el número de inmigrantes que trabajan en España de forma ilegal sigue subiendo: 800.000 a día de hoy, una cifra similar a la registrada antes de la regularización masiva. El dato hay que calcularlo restando los de la Encuesta de Población Activa -que calcula las personas ocupadas y su procedencia- de los registros de afiliación de la Seguridad Social. De esa forma, en el último trimestre de 2006 había en España 2,6 millones de inmigrantes con empleo, de los que cotizaban sólo 1,85 millones.
Descontrolados
Según el Instituto Nacional de Estadística el 1 de enero de 2006 había en España 4.144.166 extranjeros, el 9,3% de la población nacional. Pero resulta difícil conocer la cifra exacta de inmigrantes «descontrolados». De nuevo, hay que echar mano a la calculadora: la diferencia entre los extranjeros con permiso de residencia y los que figuran en el padrón puede dar una primera aproximación: más de un millón de extranjeros empadronados no tienen sus papeles en regla.
Pero no todos los extranjeros sin papeles se empadronan en su lugar de residencia, algunos ya no están en el país, muchos pueden registrarse en varios lugares al mismo tiempo, decenas viven «oficialmente» en el mismo domicilio… De ahí que el citado padrón de 2006 no incluyera a casi medio millón de extranjeros no comunitarios sin papeles.
Aparte, hay que añadir «un 10%, o más en el caso de rumanos y búlgaros», según sindicatos policiales: a través de los Pirineos entran cada día 2.000 extranjeros procedentes de países ajenos a la UE. De hecho, SOS Racismo calcula entre 750.000 y un millón las personas en situación irregular en España. Otro diplomático es categórico al lamentarse: «En España siempre habrá un colchón de un millón de ilegales. No hay ningún tipo de política migratoria». Para colmo de males, sólo el 15% de los inmigrantes es mano de obra cualificada.
Pero la verdadera avalancha de nuevos españoles llegará de la mano de la nueva legislación que proyecta el Gobierno para que los hijos y nietos de españoles emigrados puedan obtener la nacionalidad española. El número es incalculable. «Sólo entre Argentina, México, Venezuela y Cuba pueden suponer varios millones», comenta un diplomático. Por lo pronto, en el consulado en Caracas crecen las filas para solicitar un pasaporte español entre la nutrida comunidad española. La mayoría busca un seguro ante el imprevisible futuro que le espera al país del Orinoco en manos de Chávez.
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, no concedía especial importancia a este fenómeno, durante un encuentro con periodistas en una reciente visita a México. Pero, como señala el mismo diplomático, «nuestros Gobiernos primero crean el problema, y después buscan la solución».
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